Resumen: AGRESIÓN SEXUAL: no consta que en la relación sexual mantenida entré el acusado y la mujer mediara ningún tipo de violencia o intimidación. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y PRUEBA DE CARGO: el derecho constitucional a la presunción de inocencia supone que cualquier condena tiene que realizarse en función de pruebas practicadas en el juicio oral practicadas con las debidas garantías constitucionales de inmediación, contradicción, oralidad y publicidad que acrediten más allá de toda duda razonable la culpabilidad del acusado y las circunstancias de comisión del hecho. La validez como prueba del relato de la víctima no implica que su relato tenga preponderancia sobre el conjunto que forma el resto de la prueba practicada. CONDUCTA TÍPICA: nada acredita la violencia típica, de condición física o moral, con independencia de la supuesta vivencia personal de la denunciante, que resultó imprecisa e insuficiente para formar la convicción de condena del tribunal. "IN DUBIO PRO REO": es una máxima dirigida al órgano decisor para que atempere la valoración de la prueba a criterios favorables al acusado cuando su contenido arroje alguna duda sobre su eficacia y su suficiencia inculpatoria, válida para incriminar pero que ofrece resquicios que pueden ser decididos a favor del acusado.
Resumen: Se recuerda en la sentencia la jurisprudencia del TS que se cita relativa a que la prueba de la preexistencia de los objetos sustraídos puede acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, y en el caso, se considera que la prueba testifical es válida para la justificación del dinero y el reloj que el perjudicado portaba en su cartera, en razón a la coherencia de sus manifestaciones, que se practicaron bajo juramento, que determina la veracidad de las mismas y que no se albergue duda sobre ellas. La sentencia, a raiz del recurso deducido por uno de los condenados, solicitando la aplicación de la eximente o atenuante de drogadicción, cuestiona, en base a diversas sentencias que cita del TS. la doctrina clásica mantenida por dicho Tribunal, reiterada en numerosos pronunciamientos de que las eximentes y atenuantes han de estar tan probadas como el hecho mismo, y que los déficits probatorios no deben resolverse a favor del reo, sino en favor de la plena responsabilidad penal, manifestando la necesidad de que, a la hora de determinar, a la luz de los resultados probatorios, si concurre, o no, una eximente o atenuante, juegue la aplicación del principio de in dubio pro reo, considerando que, en el caso, debe apreciarse la atenuante analógica de drogadicción, ya que el acusado actuó acuciado por la droga en la comisión del delito.
Resumen: Alcance de la revisión de las pruebas practicadas que corresponde hacer al tribunal de apelación cuando se invoca vulneración de la presunción de inocencia. En el caso analizado, el delito de apropiación indebida por el que fue condenada la acusada en primera instancia no resulta de un cuadro probatorio bastante para lograr la acreditación del sustrato fáctico normativamente requerido a efectos de emitir el pronunciamiento de condena. El análisis de la prueba practicada permite descubrir que las informaciones proporcionadas no colman la totalidad de los elementos típicos del delito de apropiación indebida, debido a que la retirada de aquella cantidad de dinero, reconocida en todo momento por la acusada y no ocultada a su hermano, únicos herederos del fallecido, no permite superar la incertidumbre respecto al carácter definitivo y doloso de la apropiación, ni permite identificar la existencia de un título de la inicial posesión que, más allá de las operaciones particionales de la herencia, obligue a entregar dicha suma de dinero. Cuando se trata del delito de apropiación indebida de dinero, se requiere que se haya superado lo que se denomina el "punto sin retorno", es decir, que se constate que se ha alcanzado un momento en que se aprecie una voluntad definitiva de no entregarlo o devolverlo o la imposibilidad de entrega o devolución.
Resumen: Efecto devolutivo de la apelación: «casacionalizar» la apelación comporta un riesgo, constitucionalmente inasumible, de privar a la persona condenada, en primera instancia, del derecho efectivo a que un tribunal superior constate, no solo que la decisión de instancia no sea irracional, sino que la información probatoria producida permite fundar la condena, más allá de toda duda razonable. Ese derecho a la nueva valoración de la prueba en caso de sentencias de condena no habita, solo, en el espacio de protección del derecho al recurso, sino en el núcleo del derecho a la presunción de inocencia sobre el que giran en buena medida los otros derechos y garantías en el proceso penal. El recurso de apelación frente a sentencias condenatorias transfiere al tribunal que conozca del mismo el deber de comprobar: el valor probatorio que cabe atribuir a las distintas informaciones o datos de prueba disponibles; la mayor o menor consistencia de los puentes inferenciales trazados entre los distintos hechos indiciarios; y, obviamente, la conclusividad, en su caso, del hecho indiciado para determinar si neutraliza o no la duda razonable. Operaciones de valoración que no pueden quedar limitadas, ni por la falta de inmediación, ni por el juicio de razonabilidad que merezca la decisión recurrida. La condena en la instancia puede nutrirse de buenas razones, pero estas no agotan o achican el espacio de la revisión apelativa.
Resumen: El investigado apela el Auto que decretó su prisión provisional. La prisión se justifica porque existen indicios de la comisión de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud. Como fin legítimo, se cita el riesgo de fuga. Además, se añade el riesgo de reincidencia y asegurar el resultado de la investigación. El apelante pide la nulidad de pleno derecho del auto al entender que vuelven a vulnerarse los derechos fundamentales del recurrente al no haberse decretado la libertad del penado pese a los nueve días transcurridos desde el auto de la Sala que acordó la nulidad del primer auto, hasta la fecha en que el Juzgado dicta el nuevo auto de prisión tras celebrar nueva comparecencia del art. 505 LECrim. La Audiencia desestima el recurso. Si bien se anuló el primer Auto por cuanto la comparecencia se había efectuado sin dar traslado previo a la defensa de las actuaciones, no conllevaba la obligada consecuencia de la puesta en libertad del apelante siendo posible la nulidad de las actuaciones con retroacción al momento anterior a la comparecencia de prisión para que se pudiera celebrar en forma una vez que la defensa hubiera sido proveída de los elementos esenciales para poder impugnar la prisión. Si la comparecencia no se celebró en un momento anterior fue por petición expresa de la propia parte recurrente, por lo que entender ahora que el retraso de una actuación procesal que se debió a la parte debe favorecerla no es conforme a la buena fe.
Resumen: El juzgado de lo penal condena a los acusados como coautores un delito de robo con fuerza en las cosas, concurriendo la agravante de reincidencia, a la pena para cada uno de ellos de dos años de prisión. La representación procesal de los acusados interpone recurso de apelación, alegando infracción de precepto legal, artículo 238 del código penal, por no haberse acreditado el empleo de fuerza en las cosas, subsidiariamente aplicación indebida de la agravante de reincidencia a la hora de individualizar la pena. Suplica la estimación del recurso, la revocación de la sentencia y la libre absolución, y subsidiariamente se fije una nueva pena conforme al artículo 240. La audiencia Provincial desestima el recurso de apelación, confirma íntegramente la sentencia y concluye que la sola lectura del relato fáctico de la sentencia permite encontrar la concurrencia del elemento típico cuestionado, ya que para acceder al interior del vehículo y apoderarse el teléfono móvil los autores forzaron la puerta del vehículo y rompieron la ventanilla de la puerta del copiloto. Ratifica la apreciación de la agravante de reincidencia, y la individualización de la pena, imponiéndola en la mitad superior.
Resumen: Los condenados formulan recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional que confirmó la condena por un delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia y de extrema gravedad. Ámbito del recurso de casación tras la reforma de la Ley 41/2015. No puede consistir en una simple reiteración del contenido de la impugnación realizada en el recurso de apelación. La Sala confirma la existencia de prueba de cargo para enervar la presunción de inocencia. Infracción de ley. Doctrina de la Sala. Atenuante de drogadicción. El hecho de ser drogadicto no implica automáticamente la exención o atenuación de la pena, sino que ésta ha de determinarse en función de la incidencia que la ingesta de droga produzca en las facultades intelectivas y volitivas del individuo. Individualización de la pena. Doctrina de la Sala. Atenuante de confesión. Se exige que la confesión sea veraz en lo sustancial, que se mantenga a lo largo de las diferentes manifestaciones efectuadas en el proceso y que se verifique ante la autoridad o sus agentes. Error facti. Doctrina de la Sala sobre el error en la valoración de la prueba documental obrante en autos. Volcado de datos. La presencia del Letrado de la Administración de Justicia en el momento del volcado de datos de un dispositivo no actúa como presupuesto de validez.
Resumen: El juzgado de lo Penal condena al acusado como autor de un delito de robo con fuerza en casa habitada en grado de tentativa, a la pena de un año y medio de prisión. La representación procesal del acusado interpone recurso de apelación alegando error en la valoración de la prueba de infracción por indebida aplicación de los artículos 241.1 237, 238.1 y 2 del código penal solicitando la absolución del acusado. Subsidiariamente la imposición de la pena inferior en grado en su límite mínimo de la mitad inferior en aplicación del artículo 62 en relación con el artículo 70 del código penal. Improcedencia de condenar al pago de la responsabilidad civil. La audiencia Provincial desestima el recurso de apelación, confirma la sentencia y ratifica la valoración probatoria concluyendo que concurre prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, ratifica la rebaja de la pena solamente en 1 grado, y desestima la concurrencia de dilaciones indebidas.
Resumen: Confirma la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a dos acusados como autores responsables de un delito de estafa. Acusados que como administrador, uno, y responsable de la contabilidad, el otro, de una sociedad mercantil emiten facturas y descuentan sus importes a cargo de otra con la que tiene un convenio que permite anticipar el descuento de facturas correspondientes a trabajos realizados o mercancías suministradas a la segunda. Presunción de inocencia y valoración de las pruebas. Facultades del tribunal de apelación en orden a revisar la valoración de la prueba realizada por el tribunal de primer grado. Delito de estafa. Suficiencia del engaño y grado de diligencia exigible a la mercantil perjudicada. Actividad consciente que descarta el error de facturación como causa del descuento de las facturas. Principio de intervención mínima y legalidad penal. Derecho a la defensa letrada. Renuncia al letrado al inicio del juicio por pérdida de confianza, alegando la existencia de un conflicto de intereses al ejercer un mismo letrado la defensa de los dos acusados. Indefensión material que no se describe por quien alega la afectación del derecho.
Resumen: Recuerda la Sala que cuando se trata de evaluar en sede de apelación, la pretendida vulneración del derecho a la presunción de inocencia, el Tribunal de apelación ha de limitarse a la comprobación de si el juzgador dispuso, en realidad, de material probatorio susceptible de ser sometido a valoración, que era lícito en su producción y válido, por tanto, a efectos de acreditación de los hechos y que los razonamientos a través de los cuales alcanza el Juez su convicción, debidamente expuestos en la sentencia, son bastantes para ello, desde el punto de vista racional y lógico, y justifican, por tanto, la suficiencia de dichos elementos de prueba. La valoración verificada por el Tribunal resulta plenamente ajustada la realidad de los hechos y a los criterios constitucionalmente legitimadores de la valoración de la actividad probatoria. La agresión y acometimiento se producen por la intervención de los acusados, lo que, en sí mismo y dada la superioridad numérica, pone de relieve una mayor peligrosidad que hace desechar la apreciación del subtipo atenuado, a pesar del carácter discreto de las lesiones causadas. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad derivadas del consumo de alcohol y las drogas y de reparación del daño no resultan muy cualificadas. Los daños constatados se encuentran en relación causal, con la dinámica comisiva y su reparación en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia es perfectamente razonable, lo mismo que la pena impuesta.
